Las inconsistencias, errores y malas decisiones de política pública han producido un profundo deterioro institucional.
Un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) afirma que el gobierno actual ha ocasionado un rezago presupuestal de 225,000 millones de pesos impulsado por la debilidad que ha presentado ante la seguridad y la justicia.
Francisco Rivas, Director General de la ONC, presentó el análisis “¿Transformación o retroceso? El costo de la tragedia en seguridad y justicia”, el cuál permite afirmar que las inconsistencias, errores y malas decisiones de política pública han producido un profundo deterioro institucional, que es el responsable del crecimiento de los delitos, de la violencia y del poder de los grupos delictivos.
El objetivo principal de este estudio es estimar el costo de remontar los rezagos generados en los últimos cinco años, ya que se exhibe el daño provocado por el desmantelamiento de las instituciones de seguridad y justicia.
En este reporte se reflejó que entre 2018 y 2022 hay una disminución del 22.5%, en términos reales, del gasto en seguridad y justicia tuvo una reducción de al menos 225,000 millones de pesos ocasionados por la reducción del gasto público durante la actual administración.
La Guardia Nacional ha presentado disminución en su presupuesto desde su creación y la policía federal mantenía constante su presupuesto aun con el impacto inflacionario.
Entre 2013 y 2022, el presupuesto para la institución dedicada a la procuración de justicia disminuyó 29.7% en términos reales.
El estudio concluye que “los recursos públicos por sí mismos no producen un impacto en el clima de seguridad de ninguna sociedad, pero son una condición absolutamente indispensable para plantear cualquier mejoría”.