La 4T apostó por el despliegue de la Guardia Nacional para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, tras descartar el modelo de policía única, dejó el control operativo y administrativo de ese nuevo cuerpo policiaco al alto mando militar.
Se vive un cambio drástico en la actualidad, en 2018 los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones, dependencias y entidades de la administración pública federal mayoritariamente eran brindados por cuerpos de seguridad privada.
Entre 2010 y 2020 el número de firmas con registro según la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada aumentó un 92%. En los últimos años, el sector ha registrado una tasa de crecimiento del 20% anual en promedio.
Presidente de ASUME, reconoció que solo medio millar de empresas están debidamente registradas ante el gobierno federal y otras antes los gobiernos estatales. Ante la “gran informalidad” imperante, los directivos de las distintas asociaciones que conjuntan al gremio han insistido por la instauración de una nueva Ley General de Seguridad Privada.
Algunas empresas operan actualmente hasta con 32 permisos distintos; uno por cada entidad federativa.
La ciberseguridad y el robo al autotransporte están al margen de las propuestas de la industria y ahora gracias a las propuestas, deberá discutirse el uso de tecnologías de inteligencia artificial en las tareas de vigilancia y protección.
En la protección de las carreteras y las vías férreas está prácticamente bajo la jurisdicción de seguridad privada, por el uso de escoltas, sistema de monitoreo y blindaje de vehículos.