El problema, se ha agravado y extendido a Michoacán, Guerrero y Jalisco, afectando no solo a transportistas sino también al consumidor final.
El alcance del crimen organizado se ha expandido en las actividades económicas del país, ejerciendo control sobre el flujo de mercancías en ciudades de al menos 10 estados, según han informado transportistas y líderes de cámaras de comercio.
Las bandas delictivas no solo están involucradas en extorsiones y cobro de derecho de piso a empresas para la distribución de productos, sino que también determinan qué marcas pueden ser distribuidas en cada región y cuáles están prohibidas.
La delincuencia bloquea el paso a unidades de reparto durante la entrega, intimida a los conductores con armas de fuego para prohibir la venta de ciertos productos o verifica que la mercancía no incluya productos “vetados” en la zona.
Los comerciantes reciben notificaciones sobre productos prohibidos y son advertidos por teléfono de que el control de la distribución y venta de ciertas mercancías ha sido asumido por el crimen organizado. Los que se oponen sufren agresiones físicas o son privados de su libertad.
Las ciudades donde se ejerce este control incluyen Culiacán, Veracruz, Matamoros, Irapuato, León, Morelia, Guadalajara, Zapopan, Zacatecas, Tijuana, Tepic, Reynosa, Laredo, Teloloapan, Cd. Altamirano y Arcelia.
En Morelos, las tortillerías han cerrado debido a extorsiones y ataques constantes, mientras que en Zinacantepec, Estado de México, la falta de rastros para procesar pollo vivo se atribuye a las extorsiones de ‘La Familia Michoacana’.
El problema, que comenzó hace cinco años en el Estado de México, se ha agravado y extendido a Michoacán, Guerrero y Jalisco, afectando no solo a transportistas sino también al consumidor final, con bandas delictivas que controlan horarios, precios y marcas distribuidas.